Realidad y percepción de los distintos sistemas de justicia en la región centroamericana
J&H
J&H Abogados
20/Jul/2021

A diario todos los individuos ven afectado su modo de vida por el crimen y la violencia que les rodea (la realidad), pero también influye cómo ellos y los demás perciben su situación. La región centroamericana es conocida mundialmente por ser una región afectada por fenómenos criminales que han mermado el desarrollo económico y social, así como frenado la inversión extranjera. De acuerdo a Alvarado y Muggah (2018), América Latina es la región más violenta del mundo con una tasa de veintidós homicidios por 100 mil habitantes, es decir 400% más que el promedio mundial, y con un 39% de los homicidios a nivel mundial ocurriendo en una región que alberga el 9% de la población de la tierra. Por consiguiente, Centroamérica está ubicada geográficamente en una región violenta y seriamente afectada por factores estructurales que ocasionan promueven la violencia y el crimen. Entre los factores asociados a la criminalidad en Latinoamérica, según Alvarado y Muggah, se menciona la rápida y desordenada urbanización, el estancamiento de la productividad en las sociedades, el desempleo juvenil, y la limitada respuesta de las instituciones responsables de la seguridad y de la justicia. Por su parte, Serrano-Berthet y López (2011) identifican como causas del crimen y la violencia en la región centroamericana al tráfico de drogas, a la violencia juvenil y las maras, a la disponibilidad de armas de fuego y a débiles instituciones de justicia que limitan la eficacia en el castigo y en la prevención del crimen. Procede destacar que dichos autores coinciden puntualmente en dos factores: en el desempleo juvenil y las acciones de los entes encargados de la seguridad y la justicia, siendo estos últimos sobre los cuales los gobiernos pueden tomar acciones rápidas y concretas para mejorar la percepción que los ciudadanos tienen de ellas y, de paso, reducir la criminalidad que azota a la región.

Los ordenamientos jurídicos de cada país establecen el marco del sistema de justicia y a pesar de las variaciones en nombres, se componen fundamentalmente de tribunales o cortes, fiscalías, defensoría pública, policía y sistema penitenciario (estas dos últimas instancias pueden o no ser parte de los ministerios de justicia o gobernación). Debido a que este conjunto de instituciones que son las encargadas de impartir justicia y velar por la seguridad de los ciudadanos son percibidas como débiles e ineficaces ellas mismas inciden en que continúe la violencia, ya que los criminales consideran que no serán atrapados ni castigados. Cabe señalar que realmente la violencia y los crímenes pueden ser un fenómeno no cuantificado apropiadamente ya que las personas no confían en las instituciones de justicia y no denuncian.  Probablemente, una de las estadísticas más confiables es la de homicidios ya que constituye un hecho que no se puede ocultar, pero tiende a diferir de acuerdo a la fuente; en el caso de Guatemala, las estadísticas que proporciona el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y la Policía Nacional Civil (PNC) agrupan y/o clasifican de distinta forma algunos hechos y consecuentemente informan distintas cifras.

Al analizar a Centroamérica como región debemos separar los países del llamado “Triángulo Norte”, que son Guatemala, Honduras y el Salvador, que tienen mayores registros de homicidios y también mayores registros de actividad de pandillas. Adicionalmente, se podría mencionar que a nivel internacional estos países poseen alertas para sus turistas dados los índices delictivos, es decir a nivel interno y externo se perciben como lugares con mucha violencia y criminalidad.  El triángulo norte ha realizado varias iniciativas conjuntas para frenar la violencia y la migración de pandillas entre los países -ya que como informan comúnmente los medios de comunicación dados los puntos fronterizos ciegos existentes- los líderes de pandillas, sicarios, narcotraficantes y acusados de corrupción migran de un país a otro buscando esconderse y probablemente delinquiendo en su nueva ubicación. Según se observa en Gráfico 1 y Cuadro 1, todos los países de la región superan la media mundial de 5.5 homicidios por cada 100,000 habitantes y a pesar que se ha visto una disminución en la medida aún no es suficiente para que los ciudadanos de esos países y el resto del mundo lo perciban como seguro y con garantías para conservar su integridad. En el caso de Guatemala, en los últimos 10 años se ha experimentado una reducción sostenida en los homicidios que actualmente se ubica en la mitad desde su máximo nivel alcanzado en 2009, pero los ciudadanos no perciben esa reducción y aunado a que dichos índices aún están lejanos de la media mundial. Por su parte, Honduras y El Salvador experimentaron reducciones anuales impresionantes, pero en el año siguiente repuntaron.  En estadísticas homicidio, Guatemala, El Salvador y Honduras se encuentran entre las cinco regiones con mayor incidencia; y en las estadísticas de robo, de allanamiento de morada y de victimización la región no encabeza las cifras, muy probablemente producto de la no denuncia por la falta de confianza en las instituciones y que en países más desarrollados estos son delitos que cometen los criminales (Serrano-Berthet y López, 2011, pp.1-2).

El sistema de justicia de cada uno de los países debe lidiar con los hechos de violencia y criminalidad que ocurren dentro de sus fronteras, para comprender la actividad que desarrolla cada una de las entidades del sistema de justicia son útiles las cifras. La Universidad Carlos III de Madrid a través de dos investigadoras presentó en la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) de 2012, una serie de indicadores (ver Anexo 1, Cuadro 5) que permiten cuantificar desde distintas dimensiones la realidad de cada una de las instituciones que forman el sistema de justicia. Los datos estadísticos compilados por la COMJIB presentados en 2012 presentan información que ayuda a tomar acciones y decisiones sobre la planificación y la ejecución de las políticas nacionales, así como permite conocer la realidad en la que se encuentran los sistemas judiciales de los países centroamericanos. En los países centroamericanos se observan muchas tendencias parecidas como el aumento del presupuesto al sistema de justicia, pero la mayor parte es consumida en personal y un mínimo monto en inversión (Oubiña y Marín, 2012, pp. 15, 34, 38, 62,77,82,115). Por su parte, Donadio (2013) presenta estadísticas sobre presupuesto, delitos y del sistema penitenciario para la región centroamericana pero el enfoque principal radica en enfatizar que “los homicidios ocupan un lugar preponderante en la agenda de seguridad pública en la región”, pero otros delitos y formas de violencia inciden en la percepción de seguridad y en la vida cotidiana de la población.

Se han comentado datos cuantitativos respecto a índices de homicidios y de las instituciones que conforman el sistema de justicia que muestran y desnudan la realidad de la violencia y el crimen en la región centroamericana. Sin embargo, instituciones como World Justice Project (WJP) -Proyecto Mundial de Justicia- muestra una visión que abarca otros aspectos que miden las percepciones y experiencias del público general, así como de expertos alrededor del mundo respecto al estado de derecho en que viven. El Índice de Estado de Derecho evalúa a los países asignando puntajes y rankings a los ocho siguientes factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil, y justicia penal. Estos ocho factores se subdividen en cuarenta y cuatro subfactores que recaban información por medio de encuestas a los ciudadanos en general y cuestionarios para expertos, que “permite reflejar la experiencia y percepción de las personas en temas referentes al gobierno, policía, cortes, transparencia, corrupción, y victimización, entre otros” (WJP, 2018). Antes de comenzar a analizar los datos del índice conviene establecer que es el estado de derecho para el WJP:

Un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, protege a las personas de injusticias, y combate la pobreza. El Estado de Derecho es el sustento de comunidades de igualdad, oportunidades, y paz, además que funge como la base del desarrollo, de gobiernos transparentes que rinden cuentas, y del respeto a los derechos fundamentales. Cuando el Estado de Derecho es débil, no hay suficientes medicinas en las clínicas, la violencia y la delincuencia no se pueden controlar, la ley se aplica de forma injusta, y no hay inversiones extranjeras. El Estado de Derecho es un tema que no solamente involucra a abogados y jueces, sino que es un concepto que involucra a toda la sociedad. (WJP, 2018, p.10).

 

En el Cuadro 2 se observa la nota del estado de derecho de los países de la región centroamericana donde Costa Rica ocupa el primer puesto de la región con una nota distante de los demás países que se ubican en un rango entre 0.40 a 0.48; sin embargo, al contextualizar respecto a los 126 países de la medición Costa Rica se ubica en el primer cuartil del ranking; Guatemala y El Salvador en el tercer cuartil; y, Nicaragua y Honduras en el último cuartil. El índice de estado de derecho confirma las percepciones generalizadas de los ciudadanos comunes respecto a la violencia y crimen, podemos los cambios respecto de del año anterior reflejan un deterioro en la posición de Nicaragua derivado de la crisis sociopolítica que se vive desde abril del 2018 en la cual se han registrado muchas muertes y violaciones a los derechos humanos.  Por su parte, Guatemala ha mejorado únicamente en el factor cumplimiento regulatorio que está relacionado con el cumplimiento de leyes y aplicación de procedimientos administrativos; lo cual no tiene un vínculo con las instituciones del sistema de justicia, pero no tan específicamente en el ámbito penal.

Dentro del Índice de Estado de Derecho hay un subfactor de la clasificación Orden y seguridad que es de particular interés para el sistema de justicia: Ausencia de delito. Dicha medida trata de cuantificar la prevalencia de delitos (homicidio, secuestro, hurto, robo y extorsión) y la percepción general de seguridad. La realidad es que Centroamérica, exceptuando a Costa Rica y Nicaragua, es un área donde existen delitos y los ciudadanos lo perciben; sin embargo, el ordenamiento de los puestos de la región cambia para posicionar a Guatemala mejor que a Honduras y a El Salvador. El posicionamiento obedece en gran medida a la actividad de las pandillas y a la cantidad de homicidios, resaltando que el ataque frontal que actualmente realiza el recién electo presidente salvadoreño podría tener una influencia positiva en este subfactor. Procede resaltar que este subfactor se relaciona con el crimen y violencia, así como con la entidad del sistema de justicia encargada de prevenir los delitos, la policía nacional civil.  Principalmente en los países del triángulo norte parece haber más incidencia criminal, es decir menor capacidad de frenar los hechos delictivos pero la única forma de detener la criminalidad es un rescate del país a través de la educación, oportunidades de desarrollo y salud.

Independientemente de la conformación de los sistemas de justicia en los países de la región centroamericana, a los ciudadanos les interesa que estas instituciones no sean poco eficientes y que cumplan a cabalidad la función para la que fueron creadas.  Para mediar dicha eficiencia y la percepción de la eficiencia el Índice de Estado de Derecho del WJP incluye el factor el factor justicia penal y sus siete subfactores: efectividad del sistema de investigación; puntualidad y eficacia del sistema de impartición de justicia; efectividad del sistema penitenciario; imparcialidad del sistema penal; ausencia de corrupción en el sistema penal; ausencia de influencias inapropiadas por parte del gobierno; y, debido proceso legal y los derechos de los acusados. Se puede notar que dichos factores engloban el trabajo otras instituciones de justicia como lo son tribunales, ministerio público y sistema penitenciario.  La realidad es que tenemos instituciones débiles y que son percibidas como deficientes por el público en general y por los expertos. Cuatro de los cinco países de la región centroamericana se ubican en los últimos puestos a nivel mundial respecto a la eficiencia de las instituciones del sistema de justicia; resaltando cómo el sistema penitenciario es el que menores calificaciones tiene para toda la región ya que la sobrepoblación en cárceles es un fenómeno para todos los países centroamericanos; que comparado con el mejor país del ranking que es Finlandia (0.86) se intuye que existe un largo camino que recorrer.  El reto es contar con un sistema penitenciario que brinde oportunidades a los condenados de ser reformados y poder ser útiles a la sociedad una vez cumplida su pena.

Los ciudadanos centroamericanos les afectan las cifras respecto a los hechos de violencia y la percepción de criminalidad a su alrededor por lo que claman por un sistema de justicia que realicen su labor de manera efectiva.  Los ciudadanos se interesan porque en su país haya un sistema de justicia fuerte y moderno que brinde las condiciones para generar garantías para todos los ciudadanos de un país pero que brinde seguridad, bienestar y tranquilidad para vivir. Las cifras de hechos delictivos importan y crean un marco de referencia respecto al entorno, pero se observa que a pesar de tener una reducción sostenida en los homicidios eso no traduce en que el ciudadano considere que vive en mejores condiciones de seguridad.  El reto está en crear instituciones del sistema de justicia que sean fuertes y proyectan esa imagen para que al cumplir su labor creen condiciones de inversión que desarrolle los países centroamericanos y mejore el nivel de vida en general.

Bibliografía

ALVARADO, N. y MUGGAH R. (2018). Crimen y violencia: Un obstáculo para el desarrollo de las ciudades de América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.

DONADIO, M. (2013). Índice de seguridad pública: Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. RESDAL. Argentina.

OUBIÑA, S. y MARTÍN, P. (2012). Estadísticas e Indicadores Armonizados de los Sistemas de Justicia América Latina 2012. Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB).

SERRANO-BERTHET, R. y LÓPEZ, H. (2011) Crimen y Violencia en Centroamérica. Un Desafío para el Desarrollo. Departamentos de Desarrollo Sostenible y Reducción de la Pobreza y Gestión Económica Región de América Latina y el Caribe. Banco Mundial.

WORLD JUSTICE PROJECT. (2018). Índice de Estado de Derecho 2017–2018. Disponible en: <https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/2017-18%20ROLI%20Spanish%20Edition_0.pdf>, consultado el 17 de julio de 2019.

WORLD JUSTICE PROJECT. (2019). Rule of Law Index 2019. Disponible en: <https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2019-Single%20Page%20View-Reduced_0.pdf >, consultado el 17 de julio de 2019.

VILLALOBOS, H. (2019, 11 de enero). “Tasa de Homicidios dolosos de Centroamérica: Balance general 2008-2018”, Fundación para la paz y Democracia (FUNPADEM), disponible en <https://pensandodesdecentroamerica.wordpress.com/2019/01/11/tasa-de-homicidios-dolosos-de-centroamerica-balance-general-2008-2018/>, consultado el 19 de julio de 2019.

 

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